Juan Manuel Escobar
Juan Manuel Escobar Salas ya había tenido un contacto con el caso Penta, el pasado 14 de octubre de 2014, cuando rechazó una solicitud de la defensa de "los Carlos" y que buscaba levantar la reserva del caso, invocando la Ley de Lavado de Dinero.
Por otra parte, según informa Economía y Negocios de El Mercurio, fue le principal responsable de la reversión de la idea del Ministerio Público de separar las formalizaciones del caso Penta, los contadores y los funcionarios del SII en el Caso Penta.
Por otra parte, también estampó su firma en el sobreseimiento al ex subsecretario de Bienes Nacionales del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Miguel Moreno García, quien en 2011 fue acusado de tocarle los glúteos a una mujer en el Metro. En esa ocasión, eso sí, no participó en el juicio y sólo se limitó a "borrar los cargos" que pesaban sobre acusado, tras seis meses de una suspensión de condena gestionada por su abogado defensor.
También ha tenido otros casos menores, como por ejemplo, la formalización de Miguel Silva Cerda, un delincuente que quedó libre pese a tener otras dos órdenes vigentes. Según informó La Cuarta, en ese entonces el juez se dio cuenta del error y ordenó las diligencias correspondientes para repararlo.
En el 2005, vio el caso de la hija de la Presidenta Michelle Bachelet, Francisca Dávalos, por chocar en estado de ebriedad.
Francisca Dávalos Bachelet. Hija de la ex presidenta -y actual presidenta- Michelle Bachelet, también se encontraba en estado de ebriedad – 1,77 gramos de alcohol en la sangre según la alcoholemia – cuando impactó por la parte de atrás a un taxi, en la intersección de las calles Los Jardines con Irarrázaval, en Ñuñoa, la madrugada del 20 de agosto de 2005. Debido a su cooperación, a su confesión voluntaria y a que canceló los daños provocados, a través de un acuerdo reparatorio de 290 mil pesos, el juez de la causa le aplicó solamente la suspensión de su licencia de conducir por 6 meses.
Caso Fragatas.
Luego de 6 años de investigación, recursos del Estado, horas hombre de varias instituciones, peritajes, intercepciones telefónicas y miles de hojas tamaño carta impresas y escaneadas, el Ministerio Público Oriente, a través del fiscal Carlos Gajardo, accedió a que dos ex altos oficiales de la Marina -formalizados en el “caso fragatas” por lavado de dinero, cohecho, soborno a un funcionario extranjero y delito tributario- sólo vayan a juicio abreviado, con lo cual evitarán la cárcel.
Hay que recordar que esta investigación se relaciona con el pago de comisiones ilegales a Tapia y Basili, pero cuyo cerebro fue el ya fallecido periodista y empresario Guillermo Ibieta, quien tenía el monopolio de la venta de insumos bélicos con la Armada y otras relaciones con el Ejército a través del general (r) Víctor Lizárraga. Este último fue condenado en 2012 como autor del homicidio del coronel Gerardo Huber -ocurrido a principios de 1992, tras la venta de armas a Croacia- pero cumple la pena de cinco años en libertad.
Básicamente, la fiscalía descubrió que Tapia, Basili e Ibieta, obteniendo información interna, en algunos casos secreta y de seguridad nacional, lograban convertirse en los mediadores para la venta de estos pertrechos. Una de las operaciones comerciales más importantes fue la compra de las fragatas por parte de la Marina chilena a Holanda por la suma de US$ 350 millones en 2004. Por esta venta Ibieta recibió US$ 400 mil de comisión.
Gran parte de la información con la que cuenta la fiscalía sobre los negocios de Ibieta y compañía y sus vínculos con los marinos, tales como la compra de municiones, torpedos y hardware electrónico para el funcionamiento óptimo de las turbinas de la fragatas -que no venían del todo operativas y hubo que “meterle mano”- fue obtenida a partir de grabaciones telefónicas a los imputados a partir de una arista del caso Riggs, vinculado a las lucas truchas de Pinochet. Principalmente por la adquisición de los tanques Leopard.
De allí se pudo establecer que Ibieta, Basili y Tapia Villalón tejieron una gran red de informantes dentro de la Marina, que les avisaban sobre los proyectos, los precios y las necesidades, incluso adelantándole el presupuesto y requerimientos. Otra parte de los datos aparecieron en las cuentas corrientes de Ibieta que operaba en los paraísos fiscales, cuyas sociedades off shore fueron creadas por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) a través de sus oficinas en Estados Unidos. Otra información apareció en su disco duro incautado por la fiscalía que este diario publicó entre 2011 y 2012.
En el aparato de almacenamiento digital constaban mensajes de correo con altos oficiales de la Marina, como también funcionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas, ya que Ibieta también representaba a otras firmas productoras de armas, como también de elementos disuasivos para Carabineros, destinados al mantenimiento del orden público.
Arista porteña
En el disco duro de Ibieta aparecieron una serie de nombres que hoy son investigados en una arista por filtración de información y documentos que afectan la seguridad nacional a cargo del ministro en visita civil de la Corte Marcial de Valparaíso, Patricio Martínez.
En este caso están sometidos a proceso en calidad de autores a los capitanes de navío Servando Jordán, Luis Niemann, Luis Opazo; los capitanes fragata Marcelo Hozven, Julio Covarrubias y Pedro Spencer y el ex contraalmirante Carlos Fanta y el vicealmirante Juan Eduardo Illanes.
La arista se inició con una denuncia del ex comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, sólo una vez que Ibieta, Basili y Tapia fueron formalizados ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por parte de fiscal Gajardo, aún cuando conocía desde hace muchos meses antes la información.
Fuentes:publimetro,theclinic,tvn,lacuarta.
