En España, el punto de partida del sistema de recaudación actual fue la reforma tributaria de 1845, promovida por el ministro de Hacienda Alejandro Mon, que unificó la imposición fiscal en casi todo el territorio y eliminó algunos gravámenes ancestrales, como las aduanas interiores, los diezmos y las alcabalas.
Otra tasa que despareció fue la llamada abadía, que se aplicaba durante el Medievo en zonas rurales, especialmente en Galicia.
Se trataba del derecho que tenían los curas párrocos de percibir una parte de los bienes que sus feligreses dejaban al morir. Normalmente se quedaban con muebles, joyas, prendas o cabezas de ganado.
El nuevo concepto daba prioridad a los tributos directos, que son los que gravan directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta. De ahí derivó el actual impuesto sobre la renta de las personas físicas, el del patrimonio, el de sucesiones, los de bienes inmuebles –contribución rústica y urbana– y el de posesión de vehículos o animales.
Por el contrario, los impuestos indirectos gravan el consumo, por lo que no recaen sobre los ingresos del contribuyente, sino en el costo de un producto, servicio o mercancía. El principal es el IVA.
En 1888 se creó el impuesto especial sobre los alcoholes y aguardientes, que gravaba tanto la producción como la importación. La base imponible era el volumen de alcohol real presente en la bebida a la temperatura de 15 ºC. Al año siguiente se añadieron dos nuevos tributos especiales: uno sobre la achicoria y otros sucedáneos del café, y otro relativo al azúcar, la glucosa, las mieles, la melazas, la sacarina y demás sustitutivos del azúcar.
En 1917 se creó un impuesto especial sobre la cerveza, y en 1964 se añadieron otros sobre el uso del teléfono y sobre jarabes y bebidas refrescantes. En 1979 apareció la tasa sobre las labores del tabaco. Con el ingreso en la UE, muchos impuestos especiales quedaron subsumidos por el IVA.
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